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| 21/07/2010 Castellón (El País) |
| Anticorrupción pide 15 años de cárcel para Fabra por cohecho y fraude fiscal |
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También solicita una multa de 2,3 millones de euros e inhabilitación por 15 años.-El presidente de la Diputación de Castellón está a un paso de un juicio por tráfico de influencias, cohecho y fraude fiscal
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La Fiscalía Anticorrupción ya ha remitido al Juzgado de Instrucción número 1 de Nules su escrito de calificación del caso Fabra. Pide 15 años de cárcel para el presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, por los supuestos delitos de tráfico de influencias, cohecho y fraude fiscal. La pena más elevada es la que se refiere a los cinco delitos fiscales. Por cada uno de ellos, el fiscal reclama dos años de prisión.
En cuanto al tráfico de influencias, la Fiscalía considera a Fabra autor de este delito y por ello, en su escrito provisional, indica que en el juicio (en el caso de que el juez siga adelante con la causa) solicitará una condena de un año de cárcel y cinco de inhabilitación. En el caso del cohecho continuado, la petición se eleva a cuatro años de prisión y diez años de inhabilitación para cargo público.
Además, la Fiscalía exige el pago de un multa de 2,3 millones de euros, 600.000 de ellos por el cohecho y el resto por los delitos contra la Hacienda Pública. Según el escrito del fiscal, Fabra habría defraudado un total de 886.000 euros entre 1999 y 2003.
El fiscal también acusa a la ex esposa de Fabra, María Amparo Fernández, de cuatro delitos fiscales por los que pide ocho años de prisión y una multa de 1,1 millones de euros. Los otros acusados son el empresario Vicente Vilar, cuyas denuncias de que Fabra supuestamente le cobraba por favores políticos desencadenaron la investigación, y la ex esposa de este, Montserrat Vives. Para cada uno de ellos pide cuatro años de prisión y una multa de 600.000 euros.
La acusación popular, que representa a la Unión de Consumidores, ya remitió su escrito de calificación y pide 20 años y nueve meses de cárcel para Carlos Fabra, por los presuntos delitos de tráfico de influencias, cohecho, fraude fiscal y blanqueo de dinero.
Tras la presentación del escrito de calificación del fiscal, el titular del juzgado podría decidir, en los próximos días, si dicta la apertura de juicio o sobresee la causa. En cualquier caso, el juez podría optar por esperar a la resolución de los recursos presentados en contra de su decisión de que sea un tribunal popular el que juzgue al dirigente del PP, de baja por enfermedad desde el mes de marzo.
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