20.06.2016

www.eldiario.es | Toledo

"No permitiremos que la pobreza sea un problema estructural"

Aurelia Sánchez

Cuando apenas faltan unas semanas para que se cumpla el primer año de Gobierno de Emiliano García-Page en Castilla-La Mancha, las políticas sociales siguen siendo uno de los principales objetivos a batir en esta región. Los índices de pobreza y exclusión social, tras cuatro años anteriores de recortes en servicios sociales y dependencia, han hecho una mella en la sociedad que todavía hoy sigue siendo difícil de combatir. Desde la Consejería de Bienestar Social, su titular, Aurelia Sánchez, cree que se la situación ya se está normalizando y más que de recuperación, ella prefiere hablar de “construcción” de un nuevo modelo. En una entrevista con eldiarioclm.es, la consejera desgrana los principales objetivos conseguidos, los plazos para las medidas pendientes y el futuro de un sector que es esencial para los ciudadanos, para su calidad de vida y para su dignidad.

Tras abrirse durante este primer año una vía de interlocución social, ¿qué balance realiza en cuanto a lo conseguido, en medidas concretas, durante este tiempo?

Lo resumo en una frase: cuál era nuestro objetivo y qué hemos conseguido. Hemos conseguido recuperar el pulso con los servicios sociales mediante el criterio cualificado de los profesionales. Eso unifica cuales eran los objetivos del primer año. Hemos normalizado los servicios sociales públicos, hemos conseguido la máxima participación y diálogo de los colectivos y, sobre todo, hemos avanzado en la profesionalización de las políticas sociales. Seguimos trabajando e investigando en hacerlos mucho más eficientes.

Pero esa profesionalización se puede conseguir si se ha recuperado lo perdido en la anterior legislatura. ¿Este objetivo se considera ya ejecutado?

Cuando hablamos de política social, hay que hablar de presente y de futuro. No podemos volver atrás. Ni para lo bueno ni para lo malo. Tenemos que ser conscientes de la situación actual y de aquello con lo que tenemos vamos a trabajar. Por supuesto, hay que saber todo lo que se ha hecho, pero es importante transmitir que este nuevo modelo lo vamos hacer actualizándolo, con modelos de sosteniblidad y eficiencia. Por ejemplo, en la atención a las personas mayores, si les preguntamos qué necesitan, su respuesta es muy distinta que hace cuatro años. Por eso necesitamos saber el modelo de ahora para poder saber qué recursos abrir, para poder destinar lo mejor posible el dinero de todos. Por eso tenemos que trabajar con modelos de presente y modelos de futuro y en eso estamos. Sí que es verdad que a veces hablamos de recuperar, pero a mí me gusta mucho más hablar de construir.

Para eso hace falta un diagnóstico social avanzado y preciso…

Y además debe ser continuo. Cuando llegamos hicimos un balance de situación pero conforme vamos trabajando, dialogando y construyendo  foros de participación, también vamos haciendo una evaluación continua, como dicen en educación, para generar nuevos proyectos. Castilla-La mancha es una comunidad eminentemente rural y, otro ejemplo, ya no estamos en el momento de construir grandes residencias ni grandes infraestructuras. Cuando pregunto a los colectivos de mayores dónde quieren vivir y qué necesitan, la respuesta es que en su casa, con su familia y su entorno. Por eso, la mayoría de las prestaciones del sistema de dependencia o para personas mayores tienen que ser de atención a domicilio, teleasistencia o ayuda técnica. Y cuando no tienen apoyo familiar, a la red de residencias, que es de las mejores de toda España. Esto es solo un ejemplo de que el modelo lo construimos con la gente, y es un modelo dinámico que vamos a ir mejorando día a día.

Según la última Encuesta de Condiciones de Vida (ECV), Castilla-La Mancha sigue estando entre las regiones con mayor riesgo de pobreza y exclusión social. ¿Cómo se evalúa ahora esta situación, que apenas ha mejorado en este año?

La encuesta es preocupante, se ha avanzado una sola décima, y nos da una enorme responsabilidad. Nos preocupa fundamentalmente la pobreza infantil y por eso se están tomando medidas. Si tuviera que decir cuál es el mayor esfuerzo desde esta Consejería, lo pondría en dos focos: el primero, todo el sistema de dependencia, y segunda, las familias que están en peor situación. En este segundo caso, se han tomado medidas muy importantes como el Plan contra la Pobreza Energética, con la primera fase en este invierno pasado, y que ha llegado a 20.000 personas, la mitad de ellos niños, con más de 6.000 ayudas. Y además le hemos dado una integralidad para poder ampliar la cultura de eficiencia energética, ir poco a poco sembrando en las familias esa mentalidad de ahorro. Estamos muy satisfechos porque el presupuesto nos va a a permitir llegar a los dos meses de invierno de este año, para sacar nuevas ayudas en 2017. Lo que quiero dejar claro es que cuando se trabaja en pobreza, hay una cosa que distingue a este gobierno, y es la transversalidad, el punto de vista sistémico de la lucha contra la pobreza, que supone que no solo trabajamos con colectivos sino con todos los departamentos del Gobierno. Y este Gobierno tiene un fin eminentemente social y unos presupuestos sociales y eso no podemos perderlo de vista.

Pobreza, renta mínima y emergencia social

¿En algún momento se ha considerado la pobreza y exclusión social como un problema estructural de la región?

No podemos permitir que sea un problema estructural. La pobreza y la exclusión social son coyunturales. Me tengo que basar en las anteriores políticas de recortes, en la destrucción de los servicios públicos, del sistema de protección de las personas, para decir que tiene que ser un problema coyuntural. Sí que es verdad que va haciendo mella en las estructuras sociales, pero eso tenemos que atacarlo desde todos los puntos de vista para salir adelante. Por definición, no podemos permitirlo, y tenemos que construir y normalizar, basarnos en los derechos y en la igualdad social.  Ahora, los ciudadanos tienen una sensación de confianza en este Gobierno y no podemos fallarles.

En el caso del aumento del Ingreso Mínimo de Solidaridad (IMS), que pasa de 373 euros mensuales a 420 euros en julio, ¿a cuántas personas está previsto que pueda beneficiar?

Ante todo, es importante aclarar que este aumento no quiere decir que una familia pueda vivir con eso, pero una persona necesita como mínimo esa cantidad para las necesidades básicas. Ahora bien, la propia normativa dice que se irá incrementando según los miembros de la familia y ahora mismo ese aumento nos sitúa en la media nacional y por delante de muchas comunidades autónomas. No es suficiente, pero es importante. Los datos de 2015 reflejan que el IMS llegó a algo más de 3.000 familias y posiblemente este año pueda llegar a más. Pero lo importante es que estas rentas mínimas de las comunidades autónomas fueran complementarias. Tendría que ser un proyecto nacional mucho más ambicioso. El Gobierno de España debe aprobar una renta básica para todos los ciudadanos que pueda ser complementada por rentas de las comunidades autónomas. Que no haya ninguna familia que no tenga ningún ingreso en toda España, viva donde viva. Hay una dispersión grandísima de ayudas para paliar la pobreza, de rentas mínimas, hay que unificarlas, y eso lo tiene que hacer el Gobierno de España, que ojalá termine respaldado por un partido que sea capaz de hacerlo.

Precisamente, ¿qué datos hay ya sobre la aplicación de las ayudas de emergencia social, los 1,5 millones de euros de aumento presupuestario?

El pasado año se dieron unas 6.000 ayudas. Ese incremento es para aumentar las ayudas de emergencia si hicieran falta, ya que el año pasado no se resolvieron y muchas se denegaron.  Estas ayudas tienen un presupuesto limitado y un periodo de resolución. Si se agotan ambos, se pierde ese presupuesto, no pasan al ejercicio siguiente. Lo que queremos es resolverlas antes y con más presupuesto. Ahora se van a quedar menos ayudas sin resolver y se va a poner mucho cuidado en la denegación de las mismas: los informes de los servicios sociales de atención primaria van a ser muy importantes, de tal forma que si un trabajador social dice que una familia necesita una medida de emergencia, no se va a cuestionar.

En el caso de las ayudas contra la pobreza energética, ha dicho que el balance ha sido bueno, pero ¿se cambiará algo en la segunda fase del plan el próximo invierno?

El balance ha sido magnífico y además, como decíamos, es un plan mucho más amplio de eficiencia energética. Ahora, la novedad es que dentro de las ayudas de emergencia social se destinará una partida que tiene que ver con situaciones de pobreza energética y que va a estar vigente cuando no esté vigente el Plan regional. Es decir, si hubiera problemas importantes de suministro de luz, agua o gas cuando no esté vigente el plan contra la pobreza energética, se va a poder solventar con las ayudas de emergencia. Se ha abierto una vía dentro de la normativa de este año para que se puedan cubrir esas situaciones de emergencia durante todo el año y se aprobará en breve.

Dependencia: datos, críticas y prestaciones económicas

En el caso de las personas dependientes, las ayudas para atención residencial se han incrementado, pero siguen descendiendo las destinadas a cuidadores familiares. La Plataforma ha sido muy crítica con esta situación y ha llegado incluso a pedir su dimisión. ¿Qué está pasando con estas prestaciones?

La Plataforma en Defensa de la Ley de Dependencia ha sacado unos datos y ha hecho unas propuestas a las que se ha sumado el PP. No voy a meter en el mismo saco a la Plataforma y al PP aunque en este momento estén dando los mismos datos y haciendo las mismas propuestas, por una sencilla razón: la Plataforma siempre ha coincidido con el Gobierno regional en la defensa de las personas dependientes, mientras que el PP no tiene legitimidad para hablar de ello porque cuando nació la Ley de Dependencia, ellos estuvieron en contra, porque han intentando destruir el sistema de dependencia y ahora mismo el Gobierno en funciones ni siquiera va con el espíritu de la ley, que es que haya una financiación que tienda hacia el 50% y está en el 18% en el caso de Castilla-La Mancha.

Pero, mientras, la Plataforma ofrece siempre unos datos diferentes a los que resalta la Junta…

Yo creo que se equivoca en la interpretación de los datos. Tenemos un diálogo continuo y le informamos de todos los datos que podemos provincializar, porque en realidad son públicos para todos los ciudadanos. Con relación a las prestaciones económicas, el IMSERSO hizo una regularización de los datos de más de 400 prestaciones de cuidados en el entorno familiar que no suele recoger la plataforma. Nosotros, cuando damos los datos, lo hacemos desde julio de 2015, que es cuando llegamos al Ejecutivo, y la Plataforma los da desde mayo, cuando fueron las elecciones. Y además, nosotros defendemos la profesionalidad y el criterio cualificado de los profesionales y decimos que la prestación de un dependiente siempre la tiene que prescribir un profesional en colaboración con la familia. En muchos casos, es económica. Si ahora el número de beneficiarios del sistema de dependencia en Castilla-La Mancha es de 38.865 personas, más de 14.000 son económicas. No hemos quitado ni una sola prestación de este tipo, y sin embargo sí hemos dado 171 ayudas nuevas en estos once meses, frente a las tres dadas en cuatro años. Son las prestaciones que han pedido los profesionales. ¿Qué ocurre? Que como en estos cuatro años se han dado solo tres, las prestaciones que había eran de personas que las habían solicitado antes de 2011, muchos de ellos grandes dependientes, con lo cual es posible que esas personas, o bien ya no la necesitan por ley de vida, o bien hayan pasado a una residencia o a otro tipo de prestación. Pese a ello, respeto profundamente a la Plataforma y que los criterios no los compartamos. Lo importante es que compartamos la finalidad, porque en todos los indicadores vamos en positivo.

¿Y se están resolviendo los expedientes que quedaron en el 'limbo' tras la anulación judicial del procedimiento aprobado por el Gobierno anterior?  

Hay que ir poco a poco y los datos que estamos viendo son positivos. En mayo, prácticamente hemos bajado en 5.000 personas el llamado ‘limbo de la dependencia’, de los 26.900 expedientes  que había. Los resultados son positivos mes a mes y eso es lo importante y en eso vamos a seguir trabajando. Vamos por la senda de la recuperación y con relación al desarrollo normativo, el decreto para volver a dar seguridad jurídica a lo anulado por los tribunales se aprobó en enero con el máximo esfuerzo. Ahora estamos trabajando en otra normativa de procedimiento. Pero lo urgente, que era el vacío legal, está lleno desde enero pasado.

La consejera de Bienestar Social, Aurelia Sánchez

La consejera de Bienestar Social, Aurelia Sánchez

 

Sobre otras normativas, el decreto de protección y tutela garantizada para personas con discapacidad es una promesa del presidente. ¿Con qué plazos se está trabajando?

El avance de lo que se va a poner en marcha radica en el principio y en el final, en la parte de protección: darle una seguridad a las familias de que cuando ellos no estén, su familiar va a estar protegido por la Administración, lo que implica información y una cercanía a las familias. Y en segundo lugar, que si esa persona necesita una plaza residencial, la tenga garantizada, y en eso se está trabajando. Es un objetivo de legislatura y la idea es sacarlo lo antes posible. Ahora lo elabora una comisión especializada, pero tiene que llevar aparejado un lote de medidas, muchas de ellas ya puestas en marcha, como las 75 nuevas plazas de atención especializada para personas con discapacidad. Por ahí hay que trabajar, dando respuestas inmediatas.

La Ley del Tercer Sector Social de Castilla-La Mancha busca ser pionera en el país, puesto que solo existe una similar en el País Vasco. ¿De qué manera se reflejará ese avance?

En este momento hemos comenzado a hablar de esta ley y esto es una primicia en toda España. En el País Vasco se aprobó en mayo y ha estado dos años debatiéndose en el Parlamento. La ley estatal es muy genérica y desde Castilla-La Mancha queremos trabajar, en primer lugar, para explicar y visibilizar el tercer sector. Después hay que conseguir que el tercer sector forme una red cada vez más solida de colaboración en las políticas sociales. Eso es básico y será uno de los puntos fundamentales, junto con la articulación de las formas de concierto con la Administración. Ahí también tienen que hablar desde el Gobierno de España según han marcado directivas europeas. Tenemos que estar todos involucrados. Vamos a trabajar desde Castilla-La Mancha hasta donde podamos llegar, pero creo que se necesita un desarrollo de la Ley estatal y una mayor implicación del Gobierno de España en el tercer sector.

Finalmente, esa cifra que dieron los trabajadores sociales de la región, sobre la pérdida de un millón de euros al día en servicios sociales durante la legislatura anterior, ¿realmente ha podido combatirse en un año?

El desmantelamiento de los servicios sociales tenía que ver primero con la pérdida de presupuesto y luego con la de de recursos humanos. La Consejería de Bienestar Social ha tenido un incremento presupuestario de un 5,7%, 35 millones de euros más. Si pensamos en cuál es el presupuesto global del sistema de dependencia en Castilla-La Mancha, unificando todas partidas, llegamos a 396 millones de euros, es decir, solo en dependencia nos gastamos más de un millón de euros al día.

¿Y en cuanto a la pérdida de recursos humanos?

Y otro punto importante: en cuanto a la pérdida de recursos humanos en servicios sociales, ahora mismo uno de los objetivos ha sido llegar a completar todas las zonas PRAS (del Plan Regional de Acción Social) para que no haya ningún área de servicios sociales de atención primaria sin profesionales. Podemos decir que están en marcha todos los servicios sociales de atención primaria necesarios para ser la puerta de entrada al sistema. También se han incrementado las convocatorias de servicios sociales, vamos a hacer otra convocatoria supramunicipal donde aparece la figura de los educadores sociales que habían desaparecido en estos cuatro años, y también queremos recuperar a psicólogos o animadores socioculturales.

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