01.04.2016

El Gobierno regional critica que Montoro intente desviar la atención de su propio incumplimiento del déficit acusando a las Comunidades Autónomas

El consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina, ha destacado que Castilla-La Mancha ha sido engañada tanto por el Estado, que ha ocultado las verdaderas cifras de déficit, como por el anterior Ejecutivo, que presentó un presupuesto totalmente falseado.

La desviación con respecto al objetivo de déficit de Castilla-La Mancha en 2015 se situó en la media de las Comunidades Autónomas y será corregida este año gracias a un presupuesto riguroso en los ingresos y realistas en los gastos, y que además del déficit permitirá cumplir los compromisos con los ciudadanos.

El consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina, ha criticado hoy que el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas en funciones, Cristóbal Montoro, quiera desviar la atención con sus acusaciones a las Comunidades Autónomas de su propio incumplimiento del déficit, ya que el mayor desvío respecto al objetivo de 2015 fue el registrado por la Seguridad Social.
 
En una rueda de prensa en la sede de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas en Toledo, Ruiz Molina ha lamentado que el Gobierno en funciones de Mariano Rajoy haya engañado, “no solamente a los españoles, sino también a las autoridades europeas ocultando las cifras de déficit para el ejercicio 2015” y, al mismo tiempo, haya antepuesto “los intereses electoralistas a la credibilidad de España”.
 
En este sentido, Ruiz Molina ha recordado que mientras “se ocultaba el verdadero déficit en que iba a incurrir el Estado en 2015 se hicieron rebajas fiscales” al estar en época electoral y “se ha inducido al gasto de las Comunidades Autónomas al autorizar el pago de la extra a los funcionarios”.
 
Además, en esta Comunidad Autónoma, ha resaltado el consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, “se ha juntado el hambre con las ganas de comer”, ya que “se nos ha engañado tanto por parte del Estado como por parte de los responsables de la Comunidad”. Por una parte, “el Estado nos ha estado ocultando el verdadero déficit en que estaba incurriendo la Administración del Estado” y, por otra, en la Comunidad Autónoma se presentó un presupuesto para 2015 que nada tiene de parecido con la realidad”.
 
“El binomio Rajoy y Cospedal ha sido una ruina para nuestra Comunidad Autónoma”, ha lamentado Ruiz Molina.
 
La desviación del objetivo de déficit de Castilla-La Mancha coincide con la media nacional
 
En cuanto a la desviación del objetivo de déficit de Castilla-La Mancha el año pasado, el titular de Hacienda y Administraciones Públicas ha indicado que si en 2014 la desviación de la región fue superior a la media de déficit de las Comunidades Autónomas, ya que Castilla-La Mancha tuvo un déficit del 1,8% del PIB frente al 1,7% de media, en 2015 se ha conseguido que, “al menos, habiendo incumplido, se esté al mismo nivel que la media de las Comunidades Autónomas”, acabando en el 1,6%.
 
Una cifra de déficit de cierre del ejercicio 2015 que coincide, según ha recordado Ruiz Molina, con las previsión que hizo el pasado mes de agosto tras conocer que la región a 30 de junio tenía un déficit del 0,8%, superando el objetivo para todo el año del 0,7%, “como consecuencia de un presupuesto de ingresos totalmente inflado y porque el gasto de determinadas secciones no estaba perfectamente reflejado en el presupuesto”.
 
“Hice una previsión de que con esas cifras a 30 de junio lo lógico es que termináramos el ejercicio con un déficit del 1,6%, que es lo que hemos alcanzado”, ha añadido Ruiz Molina en este sentido.
 
Castilla-La Mancha cumplirá el objetivo del 0,3% del PIB en 2016 sin ajustes adicionales
 
Tras resaltar los esfuerzos del Gobierno de Emiliano García-Page en el segundo semestre de 2015 para no desviarse del objetivo de déficit más que la media de las Comunidades Autónomas, el consejero de Hacienda y Administraciones Públicas ha destacado que esta desviación se va a arreglar “con el presupuesto que hemos presentado para el ejercicio de 2016, que es el verdadero ajuste que vamos a realizar”.
 
Así, ha destacado que se ha elaborado “un presupuesto para este año riguroso en cuanto a los ingresos y realista en cuanto a los gastos”. “Con el proyecto de presupuesto de la Comunidad Autónoma estamos en condiciones de que en 2016 podamos cumplir el objetivo de déficit del 0,3% del PIB sin tener que hacer ajustes adicionales”, ha añadido Ruiz Molina.
 
El titular de Hacienda y Administraciones Públicas también ha querido resaltar que con un presupuesto que sólo aumenta un 2,6% gracias a una adecuada distribución de las partidas se va a poder, no solamente cumplir con el objetivo de déficit, sino también cumplir lo comprometido con la ciudadanía, que es la recuperación de derechos y la recuperación del diálogo con los ciudadanos, con los agentes sociales y con los agentes económicos de la región.
 
Falta de transparencia del reparto de déficit entre Estado y Comunidades Autónomas
 
Asimismo, el consejero de Hacienda y Administraciones Públicas ha criticado el “oscurantismo” en el reparto de déficit entre el Estado y las Comunidades Autónomas, teniendo en cuenta el desigual esfuerzo que se exige a la administración central y a las autonomías.
 
En este sentido, Ruiz Molina ha incidido en que mientras en 2015 al Estado se le exigió reducir el déficit un 17% respecto a 2014, a las Comunidades Autónomas el esfuerzo de contención que se les reclamó ascendía hasta el 30%. Igualmente, y tal como el consejero trasladó directamente a Montoro, “no era posible que en 2016 el Estado tuviera que hacer un esfuerzo del 24% en cuanto a la reducción del déficit y, sin embargo, a las Comunidades Autónomas se les exigiera una reducción del 57%”.
 
Por último, Ruiz Molina ha señalado que “el problema del déficit no es un problema de las Comunidades Autónomas, es un problema del modelo de financiación y del reparto del déficit entre el Estado y las Comunidades Autónomas”, al tener un modelo de financiación que, además de estar caduco desde 2014, no contempla el reparto de competencias asumido por cada nivel de la administración. 

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