28.06.2017

En un acto desarrollado en el Palacio de Fuensalida, en Toledo

Castilla-La Mancha será pionera en la protección y apoyo garantizado por Ley a más de 37.000 personas con discapacidad

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha presentado el borrador del anteproyecto de la futura ley a representantes del movimiento asociativo de discapacidad CERMI CLM, de las fundaciones tutelares, al fiscal jefe y al juez decano de Toledo.

El borrador del anteproyecto de Ley de protección y apoyo garantizado a personas con discapacidad ha iniciado hoy, hasta el 18 de julio, su fase de consulta pública en el Portal de Transparencia del Gobierno regional, donde ciudadanos y entidades podrán realizar sus aportaciones.

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha presentado el borrador del anteproyecto de Ley de protección y apoyo garantizado para personas con discapacidad a los representantes de entidades e instituciones de la región, en un acto que supone el inicio a la fase de consulta pública de la futura ley, que será pionera entre las Comunidades Autónomas de España.
 
La consejera de Bienestar Social, Aurelia Sánchez, ha asegurado que esta Ley sitúa a Castilla-La Mancha como comunidad autónoma “pionera” en la regulación de un sistema de apoyos a personas con discapacidad intelectual para que tomen decisiones sobre su vida y, si fuera necesario, sean finalmente tutelados por la Administración regional.
 
Para Aurelia Sánchez, esta Ley establecerá cómo las personas con discapacidad intelectual decidirán sobre su plan de futuro de vida, con el apoyo de profesionales y familiares, un “plan de futuro que va a quedar registrado en la Administración para que, cuando los familiares no estén, todo el mundo sepa cuál ha sido la voluntad de la persona con discapacidad; y que garantizará una plaza residencial para las personas discapacidad intelectual”.
 
La consejera ha confirmado que en Castilla-La Mancha hay 140.000 personas con discapacidad reconocida, de las que 37.000 tienen discapacidad intelectual, a las que se dirige prioritariamente la ley, que será “flexible y abierta”, y cuya elaboración “haremos en colaboración con las seis fundaciones tutelares y el CERMI, que aglutina al movimiento de discapacidad de la región”.
 
Sánchez espera que se apruebe por unanimidad, “porque es la ley más social, vamos a recoger todas las aportaciones”. “Toda la sociedad de Castilla-La Mancha estará apoyando a las personas con discapacidad y sus familias”, ha dicho sobre una Ley que “establecerá un nuevo marco normativo que responde a un compromiso del Gobierno Regional, y en especial del presidente, con las personas con discapacidad y sus familias”. 
 
La futura Ley cambia el modelo de sustitución en la toma de decisiones de la persona con discapacidad, por un modelo de apoyo o complemento para que pueda adoptar sus propias decisiones, como establece el artículo 12 de la Convención de derechos de las personas con discapacidad de la ONU.
 
Los representantes del CERMI CLM, de las seis fundaciones tutelares que colaboran con el Gobierno regional, además del fiscal jefe y el juez decano de Toledo, han conocido el borrador del anteproyecto de Ley de Protección y Apoyo Garantizado para las personas con discapacidad, que se espera “vea la luz y llegue a las Cortes de Castilla-La Mancha antes de fin de año”, ha asegurado la consejera.
 
Cambio de modelo
 
Además, responde un cambio de modelo, propiciado por la Convención Internacional sobre los derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU en la atención y protección a las personas con discapacidad, en el que la propia persona, acompañada de su familia, se erige en motor de cambio de su futuro con los apoyos que necesite.
 
Esta futura Ley desarrolla lo previsto en la Ley 7/2014, de 13 de noviembre, de Garantía de los Derechos de las Personas con Discapacidad en Castilla-La Mancha, que prevé un sistema transversal de atención a las personas con discapacidad y, entre otras cuestiones, establece diversas medidas de acción positiva, entre las que se encuentran las dirigidas a que los servicios y prestaciones sociales respondan a sus necesidades de apoyo singularizadas para poder desarrollar sus proyectos de vida en igualdad de condiciones que el resto de la ciudadanía.

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