El programa “Acredita”, que ha aprobado el Gobierno de España, facilitará a estos trabajadores obtener el título de formación profesional o un certificado de profesionalidad

La diputada nacional Guadalupe Martín ha destacado hoy que más de 10.000 personas en Castilla-La Mancha se van a poder beneficiar del nuevo programa “Acredita” que ha aprobado el Gobierno de España y que va a posibilitar que personas que han adquirido su competencia profesional por la vía de la experiencia laboral y no por estudios, puedan ver reconocida educativamente esa formación.

Así, los trabajadores que accedan a este programa y acrediten sus conocimientos y experiencia podrán obtener un título bien de formación profesional o bien un certificado de profesionalidad. Y con ello, apuntaba Martín, “van a mejorar considerablemente sus oportunidades de cara a encontrar trabajo”.

En esta convocatoria se incentivará especialmente la acreditación de perfiles profesionales relacionados con la educación infantil, los trabajadores de la Ley de Dependencia, los que trabajan en Hostelería y Turismo y los que desempeñan su puesto de trabajo en reparación y mantenimiento de vehículos.

La parlamentaria socialista explicaba que el Gobierno de Castilla-La Mancha ha sido pionero en poner en marcha medidas de este tipo y ya hace unos meses reconoció el certificado de profesionalidad a más de 1.000 trabajadores forestales de nuestra Región.

Martín indicó que ya está constituido en nuestra comunidad autónoma un registro en el que más de 5.500 personas se han inscrito ya. “El sector de las auxiliares de ayuda a domicilio, que engloba a más de 4.000 trabajadoras en la Región, va a ser una de las que se van a ver especialmente beneficiadas”, señaló.

La diputada socialista destacó que a todos estos trabajadores el programa “Acredita” les va a permitir contar con un documento oficial que demuestre su capacitación profesional.

Los requisitos para acceder al programa, explicaba Martín son tener la nacionalidad española, certificado de residente comunitario o tarjeta de familiar de ciudadano de la Unión Europea o ser titular de una autorización de residencia y trabajo en España en vigor.

Los interesados contarán con el apoyo de un asesor que les aconsejará para preparar la documentación necesaria que deberán presentar en la fase de evaluación, en la que se realizarán diferentes pruebas que variarán en función de las características del candidato y de la competencia a evaluar.

Por último, una comisión será la encargada de evaluar toda la información y de proponer la expedición de la acreditación en el caso de haber superado las pruebas o de proponer la formación complementaria que tienen que cursar para poder obtener el título de formación profesional o el certificado de profesionalidad.

La duración media de todo este proceso, que comenzará a partir del mes de junio, se estima que estará entre los 3 y 6 meses.