El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha aprobó ayer el Proyecto de Ley de Promoción de la Seguridad y Salud en el Trabajo de Castilla-La Mancha, una medida que contempla, entre otras novedades, ayudas económicas para las víctimas de accidentes laborales y sus familias, para que puedan afrontar una serie de gastos derivados del accidente laboral. Por ejemplo, podrán destinarse a proceso de recualificación profesional cuando sea necesario o a aquellos gastos derivados de su rehabilitación física e incluso psicológica.

Así lo anunció hoy la portavoz regional, Isabel Rodríguez, quien manifestó que se trata de una Ley “muy positiva” que vendrá a garantizar por Ley una serie de derechos “pero que también supone un avance en la Prevención de los Riegos Laborales y que abarca a toda la sociedad castellano-manchega”.

Enmarcada dentro del Acuerdo Estratégico para la Prevención de Riesgos Laborales, suscrito en su día con los agentes sociales, esta Ley da cumplimiento a un compromiso que adquirió el presidente regional, José María Barreda, en el último Debate sobre el Estado de la Región.

Se trata –prosiguió Rodríguez- de una Ley pionera en nuestro país. “Una vez más damos un paso al frente con una serie de medidas que, entendemos, reducirán las tasas de accidentalidad en nuestra región y que tienen un objetivo prioritario: llegar a la tasa de accidentes cero”, apuntó.

Por otro lado, esta Ley se ha concebido como un grupo de medidas que plantean su objetivo desde un punto de vista transversal. Así, no sólo es abordada por la Consejería de Empleo, Igualdad y Juventud, sino que se implica la Consejería de Salud y Bienestar Social, la Consejería de Educación, Ciencia y Cultura, y el resto de áreas del Gobierno.

La Ley de Promoción de la Seguridad y Salud en el Trabajo incide en el derecho a la protección con medidas que van desde acciones concretas a determinados colectivos, hasta acciones orientadas al conjunto de la sociedad, que engloba desde la prevención hasta la sensibilización pasando por la formación, la información y, sobre todo -y en esto hace especial hincapié- en la protección y la atención que merecen aquellos que han sufrido accidentes de trabajo, tanto los trabajadores como sus familias.

Otras novedades

La relación con las empresas también cambia con esta Ley y se introducen novedades y mejoras, explicó Rodríguez. Por ejemplo, una vez que entre en vigor, las empresas de la región que además de cumplir la Ley sean más socialmente responsables en materia de Prevención de Riesgos Laborales, tendrán prioridad para contratar con la Administración regional. Es decir, habrá una especial sensibilidad a su esfuerzo y, por tanto, se intentará recompensar esta preocupación.

Otra de las novedades fundamentales de esta nueva Ley son las acciones dirigidas a movilizar a la sociedad castellano-manchega, haciéndola más sensible a la prevención y, sobre todo, enseñando a nuestros estudiantes a que la seguridad y la salud en el trabajo es un derecho fundamental. Por tanto, todos los estudiantes, desde Infantil hasta la Universidad, estudiarán Prevención de Riesgos Laborales, bien a través de asignaturas concretas, a través de la inclusión de contenidos en asignaturas ya existentes o introduciendo valores entre los alumnos más pequeños con actividades concretas.

“Estamos convencidos de que esta medida puede suponer a medio plazo un cambio de actitud de quienes serán los trabajadores y empresarios del mañana, y con ello se habrá interiorizado que el trabajo es una prioridad pero también su desarrollarlo de una manera segura”, apostilló la portavoz regional.

Buenos datos

La nueva Ley incide también en el trabajo que ya se venía desarrollando en Castilla-La Mancha para reducir los riesgos laborales, como ayudas para que las empresas puedan invertir en salud y seguridad de sus trabajadores o ayudas para la contratación de personal especializado en esta materia dentro de las empresas, entre otras.

Y es que el trabajo que está realizando el Ejecutivo de Barreda en este sentido ya está dando sus frutos, significó la portavoz regional, y ejemplo de ello es que en los tres últimos años la tasa de siniestralidad y el número de accidentes de trabajo se han reducido casi a la mitad y hoy por hoy tenemos la tasa de siniestralidad más baja de la historia en Castilla-La Mancha, acumulando 30 meses consecutivos de reducción de los accidentes laborales.

Orden de ayudas por daños a causa de las tormentas

Otro de los asuntos tratados en el Consejo de Gobierno fue la valoración de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente sobre los daños producidos por las tormentas que se sucedieron en nuestra región entre el 13 y el 19 de agosto.

La portavoz del Gobierno regional informó de que la Consejería está actualizando los datos y estudiando cómo han quedado las zonas afectadas y, como viene siendo habitual, prepara una Orden de ayudas para atender las demandas por daños en los cultivos.

Las zonas más afectadas han sido en la provincia de Albacete con 1.200 hectáreas afectadas al 90 por ciento en los municipios de Ontur, Albatana y Tobarra. En municipios como Peñas de San Pedro, Valdeganga y otras localidades de la provincia se han visto afectadas, por ejemplo, en un 40% otras 1.200 hectáreas de viñedo, además 500 hectáreas de cultivos de almendro y otras 500 de olivar.

El Gobierno se personará en la causa por los incendios en Los Navalucillos (Toledo)

Por otra parte, la portavoz del Gobierno regional anunció que el Ejecutivo castellano-manchego ha autorizado al Gabinete Jurídico de la Junta de Comunidades a personarse y ejercitar acciones ante el Juzgado de Instrucción número 4 de Talavera de la Reina en las diligencias que se instruyen a causa de los incendios forestales del pasado mes de julio en Los Navalucillos, en la provincia de Toledo.

Los incendios se produjeron durante varios días seguidos, desde el 27 al 31 de julio, y se registraron diversos focos que afectaron a casi 85 hectáreas de los parajes conocidos como Las Loberas y Las Aspilleras.

Según los informes emitidos por la Brigada de Investigación de Incendios Forestales de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente, estos incendios fueron provocados y tras la detención del presunto autor y el inicio de la causa contra el mismo, “el Gobierno de Castilla-La Mancha se siente en la obligación de defender nuestro medio ambiente y dar una llamada de atención a estos delincuentes que tratan de prender fuego en nuestros bosques porque estamos dispuestos a llevarles a la cárcel”, indicó Rodríguez.

Esta es la segunda vez que el Gobierno regional se persona y ejercita acciones en relación a un incendio forestal después de que el año pasado lo hiciera tras el incendio originado en el término municipal de Poyatos en Cuenca.