El PSOE denuncia que la Ley Ferroviaria puede suprimir casi la mitad de estaciones de C-LM

18 Nov 2003

José Molina y Francisco Moya, durante la rueda de prensa.

El PSOE denuncia que la Ley Ferroviaria puede suprimir casi la mitad de estaciones de C-LM

18 Nov 2003

José Molina y Francisco Moya, durante la rueda de prensa.

El PSOE denuncia que la Ley Ferroviaria puede suprimir casi la mitad de estaciones de C-LM

18 Nov 2003

José Molina y Francisco Moya, durante la rueda de prensa.

Los socialistas solicitan un debate general, en las Cortes Regionales, para que el Parlamento autónomo se pronuncie contra una ley que acarreará efectos negativos para la región

La Ley del Sector Ferroviario, que entrará en vigor a mediados de mayo, podría acarrear el cierre de 34 de las 56 estaciones de Renfe en la región, las correspondientes a los tramos deficitarios, por lo que el Grupo Socialista promoverá un debate general en las Cortes de Castilla-La Mancha.

El portavoz del Grupo Socialista en las Cortes Regionales, José Molina, y el portavoz de la Comisión de Obras Públicas en la Cámara Autonómica, Francisco Moya, expusieron las razones del por qué están en contra de esta normativa, sobre la que el Gobierno Regional estudia un recurso ante el Tribunal Constitucional por invasión de competencias.

Según explicaron los diputados socialistas en las Cortes de Castilla-La Mancha la Ley del Sector Ferroviario es «insolidaria» con las regiones de menor desarrollo y población y desvertebra el territorio nacional porque puede acabar con los tramos de aquellas líneas deficitarias.

Entre los tramos deficitarios, Moya citó los tramos que discurren entre Cuenca y Utiel (Valencia), Manzanares-Mérida (Badajoz), Guadalajara-Zaragoza, máxime una vez que está funcionando el AVE, Aranjuez (Madrid)-Toledo, Chinchilla-Hellín-Murcia o Talavera-Extremadura.

El PSOE calcula que podrían quedarse en desuso 34 de las 56 estaciones que tiene ahora Renfe en la Comunidad Autónoma, dijo Francisco Moya.

El diputado socialista explicó que la tesis que pone el Gobierno para su aprobación, como es la adecuación del sector a la normativa comunitaria, es tan solo una excusa porque la liberalización del sector no conlleva la aplicación estricta de las directivas comunitarias.

Invade competencias

Por su parte, José Molina indicó que esta ley invade las competencias que en materia de ordenación del territorio tiene la Junta por cuanto permite la especulación de suelo público, lo que el denominó la «doctrina Trillo», similar a las pretensiones del ministerio de Defensa con los terrenos de este departamento, manifestó.

En este sentido, explicaron que al amparo de la liberalización del sector, la ley modifica la estructura actual ferroviaria mediante la creación de una nueva entidad pública, Administración de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF), que puede poner en marcha áreas comerciales en las cercanías de las líneas más rentables sin necesidad de tener que pedir licencia a los ayuntamientos, pusieron como ejemplo.

En la citada norma, para la que hay tres meses de plazo para presentar un recurso ante el Alto Tribunal, los transportes ferroviarios rentables formarán parte del «interés general» y el Gobierno decide cuales serán las líneas que estarán incluidas en esta red.

Además, deja abierta la posibilidad de que las comunidades autónomas o los ayuntamientos declaren una línea de interés público, pero, deben ser estas administraciones las que financien ese tramo, «lo que nos parece insolidario y desvertebrador».

La nueva Ley del Sector Ferroviario, además, reserva al Gobierno Central la exclusividad de las competencias en las líneas ferroviarias que discurran por varias Comunidades Autónomas.<br<
En definitiva, los socialistas creen que esta ley no servirá para mejorar el servicio, sino todo lo contrario, y alertaron de que experiencias similares en otros países como Gran Bretaña han hecho retroceder al gobierno inglés.

Ley Cajas

Por otra parte, y a preguntas de los periodistas, el portavoz del Grupo Parlamentario recordó hoy al Partido Popular que la modificación de Ley de Cajas de Castilla-La Mancha se lleva a cabo por imperativo legal del Gobierno Central, «por obligación de la Ley Financiera».

Molina salió así al paso de las declaraciones hechas la semana pasada por la secretaria regional del PP, Rosa Romero, quien afirmó que la reforma de la Ley de Cajas de Ahorro propuesta por el Gobierno Autonómico «es un atropello» porque supone un «traje a medida» del Ejecutivo regional para intentar controlar la Caja de Guadalajara.

El portavoz socialista dijo tener la impresión de que las declaraciones de Romero «reflejan la crisis interna por la que atraviesa el PP en Guadalajara» e insistió en que lo mejor que se puede hacer es dejar a la entidad al margen de las disputas políticas.

Se refirió a las declaraciones hechas por el diputado alcarreño y portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, Luis de Grandes, cuando dijo que «el actual presidente de Caja Guadalajara estaba utilizando a la entidad para sus fines políticos», dijo Molina.

El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista insistió en que la reforma de la Ley de Cajas de Castilla-La Mancha obedece a un imperativo legal tras la aprobación de la Ley Financiera del Gobierno Central, que ha sido recurrida por el ejecutivo autonómico.

Así, lo que ha hecho el gobierno de José Bono, manifestó el portavoz socialista, es asegurar una mayor representación de los entidades privadas (compromisarios, trabajadores) en los órganos de representación de las Cajas de ahorro de la región.

Otra de las medidas adoptadas por el Gobierno Regional ha sido (aunque no es de obligado cumplim?!IdEntrada
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?2Titulariento), imponer a cualquier caja de ahorro que tenga oficinas en la comunidad autónoma, sea la Caixa o Caja Madrid, a destinar parte de sus beneficios a obra social en la comunidad autónoma, explicó José Molina.

«Romero sabe que la ley pretende esto y utilizar a Caja Guadalajara como elemento de confrontación política no beneficia a aquellas personas que tienen depositados sus ahorros en esta entidad», señaló José Molina.

Otras iniciativas

Por otro lado, el PSOE en las Cortes propondrá al PP que en el pleno del día 27 y aprovechando que el día 25 se conmemora el Día Internacional de la Violencia Doméstica se apruebe una resolución conjunta de rechazo a esta «lacra y práctica abominable».

El Grupo Socialista pretende también exigir al Gobierno Central que se dote de medios suficientes para atajar este problema, puesto que la Orden de Protección de las Mujeres Maltratadas no está sirviendo para acabar con los malos tratos y para que se imite al Gobierno Regional, dijo Molina.

Respecto al Plan Ibarretxe y la iniciativa presentada por el PP en las Cortes Autonómicas, Molina invitó al dialogo al partido en la oposición para lograr una resolución conjunta y unánime.

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