El diputado Alejandro Alonso crítica la falta de dirección de los “populares” y afirma que Cospedal deberá explicar por que van por este camino “de insultos, algarada, descalificaciones, abandonos y de llevar todos los asuntos a la vía judicial”

El coordinador del grupo de parlamentarios nacionales del PSOE de Castilla-La Mancha, Alejandro Alonso, ha lamentado hoy lo que considera “camino preocupante” en el que están los dirigentes del PP de nuestra región.

Alonso, al ser preguntado sobre el anuncio realizado por los “populares” de presentar ante el Constitucional un recurso de amparo por el rechazo de la Mesa de las Cortes a debatir varias de sus iniciativas, indicó que “están en su derecho” pero constituye un capítulo más de la “alocada” estrategia en la que están sumidos.

“Se ausentan de las instituciones, no proponen nada, sólo hacen criticar y ahora intentar judicializar la vida política con esa estrategia de presentar recursos contra todo lo que se mueve”

En opinión del responsable socialista, esta “deriva” del PP en nuestra comunidad autónoma está motivada por su falta de dirección, “los partidos serios lo que hacen es sentarse a negociar sobre proyectos y presentar propuestas alternativas”. Por eso, indicaba, la líder regional del PP, María Dolores de Cospedal, “tendrá que explicar por qué utilizan este camino de algarada, de insulto, de descalificación, de ausencia de propuesta, de ausencia de los plenos y de llevar todos los asuntos a la vía judicial”.

Estatuto de Valencia

Por otra parte, y preguntado en torno a las filtraciones sobre la decisión del Tribunal Constitucional de rechazar el recurso interpuesto contra el Estatuto de la Comunidad Valencia, el diputado socialista, indicó que, como no podía ser de otra manera, la primera valoración es de de respeto a las decisiones judiciales, “tenemos que ser prudentes hasta conocer exactamente el tenor del fallo, para estudiarlo en profundidad y ver los argumentos esgrimidos en los votos particulares”.

Sobre el fondo del asunto, Alonso recordó a los que celebran la sentencia que el posicionamiento de Castilla-La Mancha está basado, en relación a la caducidad del trasvase Tajo-Segura, en que no hay excedentes y no los va a haber en el año 2015, porque las necesidades hídricas de nuestra comunidad autónoma para satisfacer las demandas de incrementos de población e industriales harán inviables por inexistentes esos excedentes que algunos reclaman del Tajo.

Nuestro convencimiento, apuntaba es que la totalidad de los recursos de la cabecera del Tajo son necesarios para nuestro desarrollo, “por lo tanto no pueden ser utilizados en otras comunidades autónomas, en tanto en cuanto no estén satisfechas las necesidades de Castilla-La Mancha, que es la comunidad autónoma donde están situados los embalses de cabecera y que, por ser la cuenca cedente, tiene prioridad a la hora de usar estos recursos”.

Veto del PP a los PGE

Por último, sobre la aprobación definitiva de los Presupuestos Generales del Estado, en el último pleno que se celebrará en el Congreso de los Diputados, mostró su convencimiento de que no prosperará el veto aprobado en el Senado con los votos del PP y CIU.

Criticó la actitud obstruccionista de los “populares” al considerar que han estado toda la legislatura en una actitud “extremista” y de confrontación constante.

Indicó que sería muy grave que el PSOE no consiguiera la mayoría absoluta necesaria para levantar el veto del PP, ya que los presupuestos no se aprobarían “y por tanto habría consecuencias muy negativas para la economía española y de Castilla-La Mancha”.

Y ponía como ejemplos, que si los PGE no son aprobados, las comunidades autónomas – y nuestra región en la parte correspondiente- perderían los más de 3.000 millones de euros contemplados en la mejora de financiación. También se perjudicaría a los pensionistas, “ya que no podrían ponerse en marcha las mejoras aprobadas para las pensiones”. También indicó que no podrían abonarse a los agricultores las subvenciones que deben percibir por el aumento de la subida del gasoleo o no podrían librarse los fondos iniciales para la puesta en marcha de la ley de desarrollo rural.