El vicepresidente de Política Territorial, Manuel Chaves, aseguró ayer en el Congreso que detrás de la estrategia del Partido Popular de presentar «presuntos déficits ocultos o presuntas facturas sin pagar» en las comunidades autónomas en donde han accedido al poder tras las elecciones del pasado 22 de mayo, tal y como ha hecho María Dolores Cospedal en Castilla-La Mancha, se esconde el «intento de justificar ante la ciudadanía los recortes sociales en educación y sanidad que tienen que hacer».

«Pretenden endosarle la culpa y la responsabilidad al Gobierno de la nación, pero en un Estado autonómico la gestión de las competencias es responsabilidad de las comunidades autónomas, gobierne quien gobierne», subrayó Chaves que exigió a los populares que abandonen la «estrategia del victimismo», que, en su opinión, «a nada conduce». «Ustedes han ganado las elecciones en muchas comunidades autónomas; gobiernen, asuman la responsabilidad de gobernar, que para eso les han elegido los ciudadanos», concluyó el vicepresidente, que lamentó que con la actual situación de los mercados y con la prima de riesgo disparada el PP sólo se dedique a «realizar ejercicios de frivolidad y de irresponsabilidad hablando de déficits ocultos».

Una afirmación que comparte la vicepresidenta económica, Elena Salgado, que ayer dejó entrever en el Congreso su malestar por la postura que ha adoptado la presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores Cospedal, que ha revelado que el déficit de la Junta ronda el 6,4% del Producto Interior Bruto (PIB) regional cuando el límite está fijado para este año en el 1,3% y la deuda ronda los 7.500 millones de euros.

«Hace unos días Rajoy pedía huir de la demagogia como de la peste, porque sólo causaría daño a España. No sé si refería a la presidenta de Castilla-La Mancha, al señor Montoro, al señor González Pons o a los tres a la vez o tal vez estaba anticipando su intervención», manifestó Salgado.

Por su parte Ramón Jaúregui aseguró que «está fuera de lugar» la petición del PP de inhabilitar a Barreda por la detección de esos 2.606 millones de euros en facturas sin pagar, e imputables al anterior Ejecutivo de Castilla-La Mancha.
«Me parece que está fuera de lugar» esa petición porque «lo que corresponde al gobernante es gobernar». «Cuando se ganan las elecciones y toca gobernar, hay que ejercer con responsabilidad. Es lo que toca», subrayó Jáuregui.