La ponente del PSOE en las Cortes de esta norma, Beatriz Labián, asegura que le gustaría que fuera aprobada por unanimidad pero ahora mismo es “una ley que llega sin consenso, no tiene presupuesto y olvida a algunos colectivos importantes”

El presidente de la plataforma califica esta ley de “cortina de humo para intentar tapar la masacre que Cospedal está cometiendo con los dependientes”. Anuncia que van a presentar una queja ante la Unión Europea “para intentar frenar los abusos de Cospedal” contra su colectivo

La diputada del Grupo socialista en las Cortes de Castilla-La Mancha, Beatriz Labián, ha asegurado que el anteproyecto de ley discapacidad que ha presentado el Gobierno de Cospedal es una norma que tiene carencias muy importantes, que deben ser mejoradas para poder ser aprobada.

Labían realizaba estas declaraciones tras la reunión que ha mantenido esta tarde con el presidente de la plataforma en defensa de la Ley de Dependencia, José Luis Gómez Ocaña, en la primera de las reuniones que el Grupo socialista ha iniciado con colectivos para analizar y recabar aportaciones a esta nueva norma.

Para la parlamentaria, que será ponente del PSOE en esta ley, “nos gustaría que la norma saliera adelante por unanimidad, pero ahora mismo está incompleta, llega sin un presupuesto que garantice los derechos de los discapacitados y se olvida de colectivos tan importantes como los dependientes”.

En este sentido señaló que los socialistas van a dar la batalla para que se cumplan estos requisitos que consideran necesarios para que de verdad salga adelante una ley que sirva al colectivo de discapacitados en nuestra comunidad autónoma.

Por su parte, el presidente de la plataforma en defensa de la ley de dependencia, José Luis Gómez Ocaña, coincidió con la representante del Grupo socialista en señalar el olvido que en este anteproyecto se produce hacia el colectivo que representa.

Gómez Ocaña, que instó tanto a Cospedal como al Grupo Popular a reunirse con los representantes de la plataforma, criticó que este anteproyecto de ley ha sido presentado después de que la presidenta de Castilla-La Mancha “mintiera en sede parlamentaria ofreciendo datos falsos sobre estadísticas en dependencia”. Recordó, en este sentido que actualmente en nuestra región hay más de 42.000 personas que no tienen derecho a prestación; hay 7.000 familias que han dejado de recibir prestaciones económicas y se está haciendo revisiones a la baja del grado de dependencia.

También anunció que su asociación va a presentar una denuncia ante la Unión Europea para “intentar frenar los abusos del gobierno de Cospedal” hacia los dependientes de la región y señaló que la denuncia que en su día se presentó ante el fiscal general del Estado por un presunto caso de prevaricación hacia un dependiente ha sido trasladado a la Fiscalía General de Castilla-La Mancha.